Resumen: Toda vez que el varón solicitante del complemento ha tenido que acudir a los órganos judiciales para su obtención, tiene derecho a que el órgano judicial le reconozca, además del complemento, una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado por su denegación, fijándose su importe en 1.800 €. Reitera doctrina establecida en STS 977/2023 de 15 de noviembre, Rcud.5547/2022.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada es la relativa a determinar si la Sala de suplicación ha incurrido en vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por indefensión al incurrir la sentencia recurrida en error patente e incongruencia omisiva o ex silentio. Y, el TS, reiterando doctrina, da lugar al recurso de su razón y declara que la resolución recurrida incurre en el vicio de incongruencia omisiva, pues si bien en el fallo se proclama la desestimación de la demanda formulada con libre absolución del INSS, por inexistencia de grado alguno de incapacidad permanente, en su fundamentación jurídica precisa que está examinando la situación de IPA que había sido declarada por el juzgado de lo social, pero omite pronunciamiento alguno sobre la pretensión subsidiaria a propósito de la IPT.
Resumen: Decidir si se ha producido o no la prescripción para solicitar la reincorporación al puesto de trabajo tras una excedencia voluntaria; y, caso de que no haya prescrito, determinar si, la condena a la indemnización por daños y perjuicios derivada del incumplimiento empresarial de no reincorporar al trabajador cuando debió hacerlo tras un periodo de excedencia voluntaria (reincorporación tardía),con el importe de los salarios dejados de percibir desde la solicitud hasta su efectiva reincorporación, lleva o no aparejada la condena al interés previsto en el artículo 29.3 del ET. Prescripción y falta de contradicción.Los intereses por mora del artículo 29.3 ET se aplican exclusivamente cuando lo que se adeuda es una cantidad de naturaleza salarial y aquí es indemnizatoria.
Resumen: La consideración de una fecha concreta como determinante de la adscripción a uno u otro sistema de previsión de ingreso del personal laboral fijo antes o después de aquella, dejando al margen al personal que con anterioridad también pertenecía a la plantilla de la empresa aunque con carácter temporal, supone desconocer, a efectos del sistema de previsión social complementaria, la vinculación laboral establecida hasta dicho momento y los servicios prestados durante la misma. Ello hace de peor condición al personal temporal, dado que no se realiza según los mismos criterios para todos los trabajadores cualquiera que fuere su modalidad de contratación, otorgándose peor trato a los trabajadores temporales sin causa justificada. Reitera doctrina establecida en STS de Pleno 979/2023, de 16 de noviembre, Rcud.4747/2022.
Resumen: Vulneración de derechos fundamentales:la cuestión sometida a consideración de la Sala unificadora consiste en determinar, si una vez que se ha reconocido por la sentencia de instancia que se ha vulnerado el derecho a la igualdad retributiva derivada de la percepción de un salario inferior al establecido en la norma convencional, la parte actora tiene derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios derivados de dicha vulneración, cuantificada en la diferencia retributiva que no han percibido. La Sala de unificación, estima el recurso y declara que se permite la acumulación como lucro cesante de las diferencias salariales en la que se sustenta la vulneración del derecho a la igualdad retributiva, dado que en este tipo de situaciones en los que se aprecia una vulneración de derechos fundamentales de esa naturaleza, el daño a resarcir no es solo el daño moral, sino también la pérdida de una parte del salario que debió abonar el empresario de acuerdo a la norma convencional de aplicación y decidió no cumplirla.
Resumen: Complemento de aportación demográfica (maternidad): se reclama una indemnización por daños morales derivados de la vulneración del derecho a no ser discriminado por razón de sexo como consecuencia de la negativa del INSS a reconocerle el citado complemento. El juzgado estimó en parte la demanda reconociendo el complemento, aunque desestimó la pretensión indemnizatoria. El TSJ confirmó íntegramente la sentencia de instancia. La Sala de unificación, ahora, aplica la doctrina recogida en la STJUE de 14 de septiembre de 2023, (C-113/22), que señala que la reparación económica adecuada debe fijarse según las leyes nacionales, atendiendo a que dicha reparación ha de ser adecuada en el sentido de que ha de permitir compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables; y a que se garantice que sea disuasoria y proporcionada. En consecuencia, se condena al INSS a abonar 1500 euros, por daños morales, por ser este el límite de su pretensión en la demanda, y con relación a los materiales se considera que han sido compensados por el reconocimiento del derecho con efectos ex tunc.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve el RCUD interpuesto por el trabajador contra la STSJ de Andalucía. Consta que el actor demandó a su ex-empleador por despido improcedente tras su jubilación y la extinción del contrato según el artículo 49.1.g) del Estatuto de los Trabajadores. El actor trabajó para éste desde 2011. El 28 de septiembre de 2020, el empresario le notificó la extinción del contrato por jubilación, efectiva desde el 12 de octubre de 2020. Se le pagó una indemnización de un mes de salario. Consta la baja del empresario en el RETA el 12 de octubre de 2020 y que comenzó a recibir su pensión de jubilación al día siguiente. Pero el 1 de junio de 2021, reanudó la actividad empresarial y contrató a tres nuevos trabajadores, sin incluir al actor. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda del trabajador y el TSJ confirmó esta decisión en suplicación. El trabajador presentó RCUD argumentando que el cierre del negocio fue temporal y que había sido objeto de un despido improcedente. El Tribunal Supremo concluyó que el breve lapso de siete meses y medio entre la jubilación y la reanudación de la misma actividad con otros trabajadores demuestra que no hubo un cese real y permanente, constituyendo un uso fraudulento del artículo 49.1.g) del ET. Es por ello por lo que estima el recurso de casación y declara el despido como improcedente.
Resumen: Toda vez que el varón solicitante del complemento ha tenido que acudir a los órganos judiciales para su obtención, tiene derecho a que el órgano judicial le reconozca, además del complemento, una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado por su denegación, fijándose su importe en 1.800 €. Reitera doctrina establecida en STS 977/2023 de 15 de noviembre, Rcud.5547/2022.
Resumen: Impugnación de actos administrativos (sancionador): el objeto del presente recurso de casación unificadora consiste en determinar, a efectos del cómputo del plazo de caducidad de seis meses para la resolución de un expediente administrativo sancionador por infracción en el orden social, si el último día del plazo, el dies a quem, es el de la fecha de la resolución, o la fecha de su notificación. La Sala de unificación señala que el último día viene determinado por la fecha de la resolución administrativa que se dicte y no la de su notificación.
Resumen: Recuerda la sentencia anotada que el proceso de revisión de sentencias firmes tiene naturaleza extraordinaria y excepcional de ahí que el juicio de revisión no puede exceder de los estrictos límites que tiene legalmente demarcados, lo que aplicado al caso determina que la pretensión rescisoria planteada sea rechazada por palmaria inexistencia de causa legal. Así las cosas, lo primero que se observa es una falta de agotamiento de los recursos, y un desenfoque de la demanda, que se fundamenta en la aportación de una nueva prueba documental. Por otro lado, el documento recobrado --certificación administrativa sobre inexistencia preterida de tarjetas de transporte a nombre del actor-- no es uno de los documentos a que se refiere el art. 510 de la LEC, porque pudo haber sido solicitado antes del juicio o apartado en el trámite de suplicación al amparo del art. 233 de la LRJS, a lo que se anuda que dicho documento es posterior a la sentencia cuya revisión se pretende, y, además, pudo haber sido solicitado con anterioridad; no se trata de un documento retenido por fuerza mayor ni por obra de la parte a cuyo favor se dictó el fallo; tampoco se trata de documentos decisivos, puesto que la sentencia objeto de revisión se basa en otros aspectos y pruebas independientes de la titularidad de la tarjeta de transporte, para concluir la inexistencia de relación laboral.
